Incapacidad permanente y jubilación: qué pasa a los 67 años

El cambio de nombre: misma pensión, otra etiqueta

Si tienes reconocida una incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad, hay un momento en el que su nombre administrativo cambia: al cumplir 67 años, pasa a llamarse pensión de jubilación. Esto es lo que dice, verbatim, el artículo que lo regula:

«Las pensiones de incapacidad permanente, cuando sus beneficiarios cumplan la edad de sesenta y siete años, pasarán a denominarse pensiones de jubilación. La nueva denominación no implicará modificación alguna, respecto de las condiciones de la prestación que se viniese percibiendo.»

Artículo 200.4 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (RDLeg 8/2015, BOE-A-2015-11724, texto consolidado).

La frase que importa es la segunda: «no implicará modificación alguna». Muchos lectores llegan a esta página temiendo que el cambio de nombre traiga un recorte, un recálculo o un nuevo trámite. No hay nada de eso. No tienes que solicitarlo, no hay una resolución nueva que esperar, y el importe que cobrabas el mes anterior es exactamente el mismo que cobras el mes siguiente, ahora bajo otro nombre.

Un detalle que se pierde con frecuencia: la edad de este artículo —67 años— es literal, no la edad ordinaria de jubilación que fija cada año la disposición transitoria 7.ª de la LGSS (66 años y 10 meses en 2026, o menos con carrera larga). Son dos edades distintas que conviene no confundir: si tu edad ordinaria de jubilación es, por ejemplo, 65 años por carrera larga, tu incapacidad permanente no cambia de nombre en ese momento — sigue llamándose incapacidad permanente hasta que cumples los 67.

La consecuencia fiscal: la exención viaja con el cambio de nombre

Aquí está el filo del asunto. Una incapacidad permanente absoluta o gran incapacidad está exenta de IRPF; una pensión de jubilación ordinaria no lo está. Cuando una se convierte administrativamente en la otra, ¿qué pasa con la exención? Es exactamente el tipo de duda sobre la que alguien tomaría una decisión —así que en lugar de dar la respuesta esperada sin más, esto es lo que se puede verificar y de dónde sale:

• El artículo 200.4, ya citado, dice que el cambio de nombre no modifica ninguna condición de la prestación que venías cobrando.
• La propia guía operativa del INSS —el organismo que paga la pensión y decide si retiene— lo dice sin rodeos: «Las pensiones de incapacidad permanente absoluta y las de gran invalidez, así como las de jubilación derivadas de ellas, por cambio de denominación al cumplir el beneficiario la edad […], están exentas de retención» del IRPF.

Juntando las dos fuentes: si la prestación que cobrabas era una incapacidad permanente absoluta o una gran incapacidad —legalmente exenta por el artículo 7.f de la ley del IRPF— y el cambio de nombre no modifica ninguna de sus condiciones, la exención sigue aplicando después del cambio, porque sigue siendo, en sustancia, la misma prestación. No hemos encontrado una sentencia ni una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos publicada que lo diga en estos términos exactos —si la conoces, es la pieza que faltaría para cerrar del todo esta cuestión—, pero las dos fuentes primarias de arriba apuntan en la misma dirección y son las que aplica en la práctica quien paga la pensión.

Para dimensionar lo que eso vale, aquí tienes la misma pensión del ejemplo anterior, calculada dos veces a los 67 años: como está de verdad (exenta, porque viene de una absoluta) y como tributaría si fuera una jubilación ordinaria de igual importe, sin ese origen.

Si tu incapacidad era una total —no exenta desde el principio—, esto no cambia nada para ti: seguía tributando antes del cambio de nombre y sigue tributando después, exactamente igual. Tienes el resto de matices de la exención, incluido qué pasa con el complemento de la gran incapacidad, en IRPF de la incapacidad permanente.

El cambio de nombre tampoco toca el número de pagas. La misma incapacidad permanente absoluta del ejemplo, si viniera de un accidente de trabajo en lugar de una enfermedad común, se cobra en 12 pagas — 1.900,00 €/mes en este otro ejemplo— y sigue en 12 pagas después de convertirse en jubilación, en lugar de pasar a las 14 de una jubilación ordinaria cualquiera.

El caso contrario: llegar a los 67 sin derecho a jubilación

Todo lo anterior parte de que ya tenías una incapacidad permanente reconocida. El artículo 196.5 de la LGSS resuelve un problema distinto: qué pasa si no la tenías y llegas a los 67 años sin haber cotizado los 15 años que exige la jubilación (artículo 205.1.b de la LGSS). Sin este artículo, esa persona se quedaría sin ninguna de las dos pensiones: sin jubilación, por no llegar a la carencia, y sin incapacidad permanente, porque el artículo 195.1 normalmente la cierra a partir de la edad ordinaria.

La solución: si la incapacidad deriva de una contingencia común —enfermedad común o accidente no laboral—, puedes acceder igualmente a ella, pero al porcentaje del período mínimo de cotización de la jubilación — actualmente el 50 % de tu base reguladora— en lugar del porcentaje que le correspondería a tu grado. Es una carrera corta, así que el resultado es intencionadamente más bajo que el de alguien con más años cotizados.

Ojo con la misma trampa de antes: la edad de este artículo también son 67 años literales, no la edad ordinaria por tramos. Y el artículo 195.1 solo cierra la puerta a la incapacidad permanente cuando se dan las dos condiciones a la vez —edad ordinaria alcanzada Y derecho a jubilación—, así que entre la edad ordinaria (66 años y 10 meses en 2026) y los 67 hay una ventana en la que alguien sin derecho a jubilación todavía puede acceder al porcentaje ordinario de su grado, no al mínimo del 196.5.

¿Tienes que elegir entre las dos pensiones?

En el caso que describe esta página —una incapacidad permanente que se renombra al cumplir 67 años— no hay nada que elegir. El artículo 200.4 no crea una segunda pensión con la que comparar la primera: cambia el nombre de la que ya tenías. No presentas solicitud, no hay dos resoluciones entre las que optar.

La elección solo entra en juego en un supuesto distinto: si, mientras cobrabas tu incapacidad permanente, volviste a trabajar de forma compatible con ella y acumulaste cotizaciones que nunca se usaron para calcular esa pensión, esas cotizaciones pueden dar lugar a un derecho de jubilación genuinamente distinto, no a la simple renombrada del artículo 200.4. Ahí sí se aplica el régimen general de incompatibilidad de pensiones:

«Las pensiones de este Régimen General serán incompatibles entre sí cuando coincidan en un mismo beneficiario […]. En caso de que se cause derecho a una nueva pensión que resulte incompatible con la que se viniera percibiendo, la entidad gestora iniciará el pago o, en su caso, continuará con el abono de la pensión de mayor cuantía, en términos anuales, con suspensión de la pensión que conforme a lo anterior corresponda. No obstante, el interesado podrá solicitar que se revoque dicho acuerdo y optar por percibir la pensión suspendida.»

Artículo 163.1 de la LGSS (BOE-A-2015-11724, texto consolidado, redacción vigente desde el 1 de enero de 2021).

En la práctica: la entidad gestora te paga de oficio la pensión más alta en cómputo anual, pero puedes pedir que se te pague la otra si te compensa más. Aquí es donde conviene pensar en neto, no solo en bruto —una pensión de jubilación derivada de una absoluta (exenta) puede seguir siendo más ventajosa que una jubilación ordinaria de importe algo mayor pero sujeta a IRPF, exactamente el efecto que muestra la tabla más arriba—. Antes de decidir, calcula el neto real de las dos opciones con la calculadora de pensión neta.

Para tu propio caso

Si todavía no tienes reconocida ninguna incapacidad permanente y quieres estimar qué te correspondería, o comparar tu cifra con la de una jubilación ordinaria, la calculadora de incapacidad permanente y la calculadora de pensión de jubilación usan el mismo motor que esta página. Si tu base reguladora de jubilación te interesa en detalle —el sistema dual de 2026, opción A y opción B—, la tienes explicada en base reguladora de la jubilación.

Esta página describe la normativa vigente en 2026 y no sustituye al criterio del INSS, que es quien gestiona el cambio de denominación y resuelve sobre cualquier solicitud de incapacidad permanente.